Revista Universidades #97

Disyuntivas en la vida de las universidades públicas
por Javier Torres Parés*

A partir de la década de los años noventa del siglo pasado se difundieron en el escenario internacional un conjunto de severos cuestionamientos a la educación superior pública que impactaron con fuerza a las universidades en los países de América Latina; se señaló que ésta experimentaba una profunda crisis, producto del aumento de la matrícula en los años previos, causando la reducción en la calidad de su enseñanza e investigación, lo que acababa en el desempleo de sus egresados.

Además de resultar necesaria la reducción de la matrícula y tomar medidas que aseguraran la calidad de los programas educativos, se apuntó que los jóvenes más pobres no se encontraban en condiciones de competir con éxito en los centros públicos de estudios. Así, fueron los estudiantes más adinerados los beneficiados por el subsidio a la universidad pública.

Establecer equidad entre pobres y ricos requería la reducción del financiamiento a las instituciones públicas, sustituyéndolo con cuotas para los estudiantes ricos y el otorgamiento de créditos a los estudiantes pobres. Se propuso diversificar las fuentes de financiamiento, para lo cual se consideró necesario establecer contratos comerciales y el fomento a la investigación aplicada por medio de estructuras jurídicas y administrativas separadas de las universidades para asegurar una prestación eficiente de los servicios ofrecidos por las universidades. Se consideró deseable también que el Estado financiara con recursos presupuestales tanto a las “empresas” educativas públicas como a las privadas.

Asimismo, se señaló que la autonomía era un concepto vacío de contenido mientras dependiera únicamente del financiamiento fiscal. La crítica dirigida, en especial a las universidades de los países de ingresos bajos, buscaba enfrentar la crisis de estas instituciones delimitando o precisando un contenido más adecuado de su autonomía.[1]

Ante las orientaciones aplicadas durante décadas en el ámbito de la educación superior, Eduardo Humberto Muñoz y García describe en su artículo “La autonomía y la defensa de la universidad pública”[2] los efectos nocivos de las políticas púbicas descritas. Se pasó, explica, de una relación en la que el financiamiento era otorgado sin muchos requisitos, a una relación en la que el gobierno otorgó recursos ordinarios para la operación de las casas de estudios, por una parte, y recursos extraordinarios para apoyar las actividades académicas y a los académicos mediante evaluaciones adicionales, por otra. Las políticas educativas se aplicaron en un ambiente de competencia, con un modelo que comprometió a la universidad con el gobierno para producir resultados elaborados por las autoridades educativas por medio de los cuales se obtienen fondos para proyectos académicos, docentes y de producción de conocimiento. Escribe: “En este sentido…, la debilidad financiera de las universidades…, no les ha permitido reivindicar su autonomía y sus principios fundacionales… La imposición de criterios gerenciales a su gobernanza ha puesto límites a la autonomía.”

Siguiendo a Muñoz y García, entre otros efectos, la política pública aplicada en las úl timas décadas ha significado devaluar a la docencia como función académica sustantiva y definir fuera del aula las agendas de investigación y los tipos de análisis, demeritando la sabiduría ganada con la experiencia y provocando la pérdida del interés en el proyecto intelectual dirigido hacia el bien público y agrega:

Las transferencias monetarias, vía subsidios extraordinarios, la becarización de los académicos, el cambio de valores y la individuación de la actividad docente y de investigación, han influido negativamente sobre la libertad de propósitos para conocer y distribuir conocimientos, y con ello han limitado la autonomía.

En otra perspectiva se advierte sobre los riesgos del retorno a una planificación estatista, centralizada y burocratizada que impida una verdadera deliberación académica. La reducción de presupuestos extraordinarios afecta el desarrollo de proyectos académicos de las instituciones educativas. Por su parte, Felipe Martínez Rizo, en su artículo “Autonomía universitaria: antecedentes, retos y perspectivas”[3] reúne los argumentos que se plantean en esta posición: el derecho a la educación superior debe acotarse, el Estado no tiene que obligarse a ofrecer una formación gratuita a todo el que la solicite, el sistema de becas para los académicos reconoce la alta productividad de investigadores y docentes. Además, el financiamiento para apoyar la autonomía no debe implicar la obligación de los contribuyentes de honrar compromisos excesivos o impedir la posibilidad que las casas de estudio públicas tengan ingresos propios. Para garantizar la calidad d la enseñanza, señala Martínez Rizo, tendrán que conservarse “mecanismos de evaluación institucional confiables…” Este autor insiste también que: En una sociedad […] desigual […] parece congruente con la equidad pedir que contribuyan al gasto de una institución de educación superior los estudiantes que estén en condiciones de hacerlo, asegurando a quienes no lo estén no se vean por ello excluidos y cuenten con los apoyos necesarios para estudiar.

En este panorama se sostiene que las universidades privadas deben contar también con autonomía. La definición de la educación superior como obligatoria y como derecho humano, nos dice, hace temer a las universidades la pérdida de su autonomía para definir por sí mismas la matrícula y las formaciones que pueden ofrecer.

En esta disyuntiva se enmarcan el presente y el futuro de la educación superior pública en numerosos países de América Latina y el Caribe. Los artículos reunidos en la entrega del número 97 de Universidades revisan la experiencia en este terreno de tres instituciones de educación superior de la región.

[1] Ver, por ejemplo, a Donald R. Winkler, La educación superior en América Latina. Cuestiones sobre eficiencia y equidad, Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), Washington, 1994. O Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia, Washington, 1995. O Pablo Latapí, “El Banco Mundial y la educación”, Proceso núm. 988, México, octubre 9 de 1995.

[2] Martínez Rizo, Felipe (coordinador), La autonomía universitaria en la coyuntura actual, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, México, 2020, pp. 283 y ss.

[3] Op. cit., pp. 56 y ss.

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Torres Parés, Javier. Presentación: Disyuntivas en la vida de las universidades públicas. Políticas públicas y universidad en América Latina y el Caribe. Universidades, vol. 74, núm. 97. (julio-septiembre 2023).  http://udualerreu.org/index.php/universidades/article/view/697

* Javier Torres Parés. Doctorado en “Historia y civilizaciones” por la Escuela de altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Torres Parés ha sido durante un largo periodo profesor de Historia contemporánea de México en la Facultad de Filosofía y Letras y tutor del Posgrado en Historia de la UNAM.