27 de julio del 2023

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a debate

Por Susana Montserrat Triana Moreno

El pasado 13 de diciembre del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la iniciativa para promover la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Dicha propuesta tiene intención de “garantizar el derecho humano a la ciencia […] a través de una política articulada por el Estado mexicano en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en la que el Estado ejerza la rectoría indispensable para el desarrollo nacional y el bienestar de la población”.[1] El anuncio de esta iniciativa dio paso a un debate sobre si la ciencia estaba siendo objeto de politización por parte del gobierno en turno o si, al contrario, las reformas garantizaban un mejor uso de los recursos públicos para optimizar la investigación en áreas estratégicas. En este texto propongo un acercamiento al debate actual en torno al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y utilizo los argumentos propuestos por la filósofa belga Isabelle Stengers, en su libro Otra ciencia es posible. Manifiesto por una desaceleración de las ciencias.

El problema del Conacyt

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el pasado martes 13 de diciembre, el Instituto Nacional de la Investigación Científica, creado en 1950, fue el primer organismo público establecido con el objetivo de impulsar investigaciones en las diversas ciencias. Veinte años después, en 1970, se publicó una nueva ley para avalar la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual tenía como propósito ser un “organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, asesor y auxiliar del Ejecutivo Federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología”.[2]

Si bien, a lo largo de los años ha habido diferentes reformas en los estatutos de este organismo, uno de los más importantes fue el decreto publicado en el año 2002 por el entonces presidente, Vicente Fox Quesada; esta reforma promovió un cambio en los objetivos del Conacyt con el propósito de incrementar la capacidad productiva de las empresas. Entre sus estrategias se encontraba “incrementar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo”[3] y “promover la incorporación de personal científico-tecnológico de alto nivel en las empresas”,[4] tácticas que serían logradas a partir de incentivos fiscales para promover el aumento de la inversión privada en ciencia y tecnología.

Sumado a lo anterior, en el año 2009 se introdujo una nueva reforma “dirigida a vincular el crecimiento económico con el desarrollo tecnológico y la innovación, así como esta última con la competitividad y la productividad”.[5] Lo anterior, coincide con lo que Isabelle Stengers denomina como “economía del conocimiento” la cual busca redirigir las políticas que regulan la actividad de investigación en favor de la competencia productiva. Estas políticas continuaron también en el sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto y tuvieron como consecuencia no sólo la producción de ciencia con fines comerciales, sino también “la imposición de criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”,[6] así como la cesión de la propiedad intelectual, por parte del Estado, sobre los resultados obtenidos en las investigaciones financiadas con recursos públicos.

De acuerdo con Stengers:

la investigación financiada por el dinero público está en vías de perder el tipo de autonomía que creía era un derecho consensualmente reconocido. Los Estados, que debían garantizar esa autonomía, “traicionaron” esa misión, dieron a las empresas el poder de seleccionar a aquellos que se beneficiarían con las subvenciones públicas en todos los campos donde la competitividad económica está en juego.[7]

Así, estas políticas tuvieron como resultado que “se dejó de lado el interés nacional y la consecución del bienestar social para favorecer intereses individuales mediante criterios utilitarios y elitistas que fomentaron la exclusión social”.[8]

Otra de las consecuencias que Stengers menciona sobre la subordinación de la investigación a los intereses de la iniciativa privada, es la competencia entre los científicos para ser publicados en revistas, lo que da como resultado que la búsqueda por cumplir con los estándares impuestos por estas publicaciones “les impondrá concebir su investigación a partir de lo que requieren esas revistas y adaptarse a las normas que ellas imponen: conformismo, oportunismo y flexibilidad”.[9] Lo anterior, es denominado por Stengers como “ciencia rápida”, debido al interés de los investigadores por incrementar el número de sus publicaciones y seguir obteniendo recursos públicos sin importar la creatividad o pertinencia del tema que se investiga. De esta forma, se cae en lo que la autora denomina como “publish or perish” con el fin de garantizar una supuesta excelencia académica basada en la competencia y en el número de publicaciones en revistas especializadas.

Las ciencias camerales

Ahora bien, es necesario que el Estado cuente con un órgano descentralizado para regular los intereses de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque en el conjunto de esas áreas de conocimiento se encuentran las ciencias que Stengers denomina como camerales. De acuerdo con la autora, este tipo de ciencias “actúan como un órgano de percepción, seleccionando y estructurando lo que interesa (o debería interesar) a toda institución que tenga el poder de asociar consecuencias a lo que es percibido”,[10] por lo tanto, estas ciencias se encuentran al servicio del Estado y ayudan en la toma de decisiones. Hay que observar, sin embargo que, al ser áreas de conocimiento sujetas a las tendencias del gobierno en turno, necesariamente serán utilizadas para legitimar las políticas públicas. Stengers señala que, “la definición de un ‘asunto público’, que apela a una institución de tipo estatal para asumir nuevas responsabilidades o para modificar su definición del orden público, y por lo tanto también la de las informaciones que necesitará, es un acontecimiento propiamente político, para bien y para mal”.[11]

En ese sentido, de acuerdo con la iniciativa de ley propuesta por el presidente, en los sexenios pasados no se cumplió el propósito de esas ciencias camerales, pues las becas, los fideicomisos y los programas académicos financiados por el Conacyt se regían bajo “estándares ajenos a nuestra realidad y alejados de los intereses nacionales, priorizando la competencia e inclusive promoviendo prácticas de exclusión social o privatizadoras y de lucro en el seno de instituciones públicas de educación superior”.[12] Por tanto, el esquema anterior del Conacyt para regular el quehacer científico se alejó de la búsqueda del bienestar común para cumplir con los estándares de la oferta y demanda comerciales.

Es por eso que surge la necesidad de reformar y “salvar” a la ciencia y la tecnología. En el año de 2019, una reforma constitucional garantizó en México el “derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”,[13] mismo que tiene como precedente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entre los compromisos que el Estado debe cumplir para garantizar el derecho humano a la ciencia se encuentran: eliminar las restricciones a la libertad de las investigaciones, asegurar el acceso a todas las personas a la educación básica y herramientas para garantizar la comprensión de los conocimientos científicos y certificar que las mujeres y las niñas participen en el ámbito científico y tecnológico libres de prejuicios, entre otros.

Las posibles soluciones

Dado el contexto anterior, podemos coincidir con Stengers en que “[l]a situación asociada a la nueva imagen pública que se instala, la de la ciencia como empresa deshonesta e interesada, a la que resisten valerosos combatientes de la verdad libre, cualesquiera que sean las contingencias, es catastrófica.”[14] Es por eso que la autora propone una serie de medidas con el fin de “salvar” el trabajo llevado a cabo por los investigadores. En primer lugar, Stengers plantea que:

los científicos que luchen para conservar una mínima de autonomía no podrán limitarse a los llamados para “salvar la investigación”. Deberán atreverse a decir de qué hay que salvarla, deberán hacer pública la manera en que son incitados o incluso obligados a convertirse en simples proveedores de oportunidades industriales. Y tendrán necesidad de una inteligencia publica capaz de entenderlos.[15]

Esta inteligencia pública mencionada por Stengers, es necesaria para que otros científicos y el público en general sean conocedores del riesgo en el que se encuentran las ciencias y, al ser de conocimiento general, se puedan crear aliados que sean capaces de criticar y defender las políticas que rigen a las investigaciones. Continuando con el argumento de Stengers:

tales aliados “libres” no salen de la nada. Su existencia supone que los científicos aprendan a dar cuenta de sus elecciones en un mundo que no insulte la inteligencia de los conocedores, que produzca “materia para pensar”, que alimente debates interesantes, en pocas palabras, que no deje todo el sitio al juego ciego de los ataques contra la autoridad científica y de las denuncias del “vago monto de irracionalidad”.[16]

Además, la autora aboga por una “desaceleración” de la ciencia, para evitar que las investigaciones estén sometidas a los estándares impuestos por las revistas especializadas. Según Stengers, “[e]sa desaceleración debería implicar una consideración activa de la pluralidad de las ciencias, a la que debería responder una definición plural, negociada y pragmática (ella misma evaluada a partir de sus efectos) de los modos de evaluación y de valorización de los diferentes tipos de investigación”.[17] De esta forma, se estaría liberando a los investigadores del modelo de conocimiento acumulativo.

Por su parte, la iniciativa de ley propuesta por el presidente López Obrador, se propone alcanzar “un carácter integral, de largo plazo, plural, participativo, incluyente, interinstitucional y transversal, indispensable para impulsar, sobre bases sólidas, el crecimiento económico del país, el mejoramiento de las condiciones laborales de la población y el desarrollo de las fuerzas productivas, para poder contribuir al desarrollo integral de la nación”.[18] De esta forma, se pretende regular las becas y apoyos otorgados a los estudiantes de posgrado en el país, evitar que los derechos de propiedad intelectual sean cedidos a la iniciativa privada, y también “reivindicar el papel de la investigación humanística y científica, de desarrollo tecnológico y de innovación en la vida pública para la construcción de una sociedad más justa y equitativa,”[19] con el objetivo de poner nuevamente la ciencia y la investigación al servicio del Estado para cumplir los intereses comunes en beneficio de la sociedad.

 Algunas conclusiones

Como pudimos observar, las reflexiones hechas por Stengers sobre las investigaciones costeadas con dinero público, coinciden con los antecedentes del Conacyt, pues los intereses de los investigadores obedecían a la búsqueda de beneficios para la iniciativa privada. De acuerdo con Stengers, para solucionar esto y liberar el quehacer científico de esos intereses, es necesario hacer de conocimiento público lo acontecido para buscar aliados y desalentar la política de acumulación de publicaciones, es decir “desacelerar” la ciencia. En este sentido, la iniciativa de ley que analizamos propone transformar el Conacyt en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con el propósito de hacer coincidir los intereses del Estado con los intereses de los investigadores para aprovechar el financiamiento público.

No obstante, algo que llamó mucho mi atención es el lenguaje utilizado en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados que contiene la iniciativa del ejecutivo federal. A lo largo de todo el pliego se puede observar el uso de conceptos como “elitismo”, “privilegios”, “utilitarismo”, “elefantes blancos”, “política neoliberal”, entre otros, que coinciden con la narrativa del presidente en contra de algunos sectores sociales. Como sabemos, ésta no sería la primera vez que el presidente utiliza este tipo de adjetivos para definir a la comunidad científica. Un ejemplo de ello sucedió en septiembre del año pasado, cuando, en una conferencia en Palacio Nacional, el ejecutivo “confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas indagatorias contra al menos 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)”[20] ya que se les acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero por el mal uso de los financiamientos otorgados por el Conacyt en sexenios pasados.

Cabe resaltar que, en distintas ocasiones, las acusaciones del presidente López Obrador en contra de ex funcionarios del Conacyt no se limitan a criticar a los ex tomadores de decisiones de este organismo, sino también a quienes forman parte de los centros de investigación financiados con recursos públicos. Un ejemplo de ello se suscitó el año pasado, cuando el ejecutivo declaró en contra de la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pues “[l]es reprochó que se dedicaran —según él— a formar cuadros para el sector privado. Para eso está el ITAM o el Tec, dijo el mandatario en una mañanera (18/08/21), pero no una institución fondeada con dinero público.”[21]

De esta forma, desde el Ejecutivo se ha establecido una narrativa que pretende hacer creer que en las universidades y centros de investigación existe una élite cuyos privilegios deben ser terminados inmediatamente. Esta supuesta eliminación de privilegios ha tenido como consecuencia la reducción de presupuesto para los centros de investigación y universidades públicas. Como ejemplo podemos mencionar que, en mayo de 2020, en plena crisis generada por la pandemia, López Obrador aprobó una importante reducción en el presupuesto que afectó también al Conacyt. De acuerdo con Lidia Arista, “la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió un oficio a los titulares de la administración pública para no ejercer el 75% del gasto programado a las partidas 2000 que corresponde a Materiales y Suministros y 3000 a Servicios Generales”.[22]

Considero que este tipo de narrativa aumenta en realidad la polarización y reafirma estereotipos negativos en contra de los investigadores. Esto podría parecer que no afecta a los estudiantes de licenciatura, sin embargo, creo que uno de los síntomas de esta polarización son los grafitis realizados en algunas paredes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en los que se podían leer consignas como “muerte a la academia blanca”. Lo anterior no quiere decir que no se puedan criticar las políticas que rigen las investigaciones en ciencia y tecnología o el mal uso de recursos públicos por parte de los investigadores. No obstante, Stengers es un claro ejemplo de que esa crítica se puede hacer sin el uso de términos que, al final de cuentas, terminan por resaltar ese supuesto abismo entre la comunidad científica y el público en general y que, además, estarían en contra de lo propuesto por la autora, en el sentido de buscar que estos dos sectores sean aliados.

Notas

[1] Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, núm. 6174-XII, “Iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación”, anexo XII, martes 12 de diciembre de 2022, p. 1.

[2] Ibid., p. 2.

[3] Ibid., p. 7.

[4] Idem.

[5] Ibid., p. 3.

[6] Ibid., p. 8.

[7] Isabelle Stengers, Otra ciencia es posible. Manifiesto por una desaceleración de las ciencias, trad. Víctor Goldstein, Barcelona, Nuevos Emprendimientos Editoriales, 2019, p. 68.

[8] Cámara de Diputados, op. cit., p. 11.

[9] Stengers, op. cit., p. 69.

[10] Ibid., p. 84.

[11] Ibid., p. 85.

[12] Cámara de Diputados, op. cit., p. 16.

[13] Ibid., p. 4.

[14] Stengers, op. cit., p. 23.

[15] Ibid., p. 16.

[16] Ibid., p. 23.

[17] Ibid., p. 73.

[18] Cámara de Diputados, op. cit., p. 22

[19] Ibid., p. 24

[20] Emmanuel Carrillo, “AMLO confirma pesquisa contra 31 científicos del Conacyt por lavado”, Forbes México, 22 de septiembre de 2021, <https://www.forbes.com.mx/amlo-confirma-pesquisa-contra-31-cientificos-del-conacyt-por-lavado/> (consultado el 16 de diciembre de 2022).

[21] Salvador Camarena, “AMLO contra el CIDE, la UNAM, el Colmex…”, El Financiero, 29 de septiembre de 2021, <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2021/09/29/amlo-contra-el-cide-la-unam-el-colmex/> (consultado el 16 de diciembre de 2022).

[22] Lidia Arista, “AMLO defiende recortes: con investigadores también había abusos y corrupción”, Expansión Política, 28 de mayo de 2020, <https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/05/28/amlo-defiende-recortes-con-investigadores-tambien-habia-abusos-y-corrupcion> (consultado el 16 de diciembre de 2022).