6 de noviembre de 2024

¿Justicia social en México?

Por Victoria Tapia* y Javier Torres Parés**

Introducción

El 30 de noviembre de 2022, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador presentó como los logros más importantes de su administración las cifras de reducción de la pobreza publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La información publicada por dichas instituciones identificó una disminución del porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional (que incluye ingreso, rezago educativo, vivienda y carencia de acceso a servicios de salud, entre otras dimensiones de la pobreza)[1] del 41.9% en 2018 a 36.3% en 2022. Estas cifras mostraron también la reducción de 51.9 millones de personas en situación de pobreza en 2018 a 46.8 millones en 2022[2]. El gobierno celebró también cifras que mostraron crecimiento económico, menor desempleo, mejor distribución de la riqueza y disminución de la desigualdad, que en conjunto habrían constituído un notable avance en la realización de un mayor bienestar social.[3] Inmediatamente surgieron numerosos comentarios que cuestionaron la importancia de la evaluación oficial tanto por el significado real de las cifras ofrecidas y por los medios por los que se habrían obtenido dichos resultados, como los programas sociales, por sus posibles efectos negativos para el desarrollo económico a mediano y largo plazo.

Con el objeto de intentar una evaluación equilibrada de la situación actual de desigualdad, reducción de la pobreza, bienestar y justicia social en México, en estas líneas reunimos información elaborada por los organismos oficiales encargados de estas mediciones, resultados de investigaciónes especializadas, así como enfoques y datos pertinentes para aproximarnos a estos temas.

I

La distribución de la riqueza es un asunto primordial. De acuerdo con el informe de Oxfam México “El Monopolio de la desigualdad”, la gran disparidad de la riqueza en México no deja de aumentar y alcanza niveles extremos. Dicho informe señala que:

“la fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos, aquellos con más de mil millones de dólares de riqueza, aumentó hasta casi duplicarse desde el inicio de la pandemia. Carlos Slim es hoy el hombre más rico de la región, con una fortuna mayor que la de los otros 13 ultrarricos mexicanos juntos. La fortuna conjunta de Carlos Slim y Germán Larrea creció 70% durante los últimos cuatro años, hasta representar casi seis de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país, cifra equivalente a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe -unas 334 millones de personas-.”[4]

La asociación entre el poder económico y el poder político ha impulsado esta concentración de la riqueza como resultado de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos otorgados por el gobierno de México en las últimas décadas, lo que ha generado una transferencia masiva de riqueza de lo público a un reducido número de personas. A este resultado ha contribuido también la concentración del poder económico de las grandes empresas capaces de controlar los mercados y con influencia para fijar precios en los principales sectores de la economía nacional, lo que permitió que en los años 2021 y 2022 se diera el mayor aumento en el costo de la vida de las últimas dos décadas, además de adquirir creciente poder económico en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, procesos resultado de decisiones políticas adoptadas por el Estado mexicano. Según el Coneval, en México 36 de cada 100 personas -unas 46.8 millones- se encuentran en situación de pobreza. Por otra parte, Oxfam señala “ocho de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional, equivalentes a casi 180 mil millones de dólares se concentran en apenas 14 ultrarricos  y sus familias -es decir, que tienen fortunas de más de mil millones de dólares…” De acuerdo con este informe, la política social y salarial de los últimos años han mejorado “la distribución del ingreso especialmente para las personas trabajadoras formales”.

Entre 2018 y 2022, se ha reducido la proporción de la población en situación de pobreza multidimensional de 41.9 a 36.3 % y el salario mínimo creció en 65.2% en términos reales. Sin embargo, se afirma que los avances de la política social y salarial de los últimos años son insuficientes para revertir de manera significativa la situación descrita.[5] ¿Cómo evaluar entonces los resultados de la orientación hacia una mayor justicia social adoptada por el gobierno de México en los últimos años?

Según Diego Castañeda Garza, las investigaciones más serias acerca de la desigualdad en México muestran que el gasto público es poco progresivo y que “la desigualdad antes y después de impuestos en México es prácticamente la misma” y el esfuerzo redistributivo, comparado con otros países, es prácticamente nulo, de manera que ni los impuestos ni el gasto público logran un gran impacto. El país padece antiguas desigualdades estructurales que implican una fuerte carga de racismo, sexismo, clasismo y las más diversas formas de discriminación que afectan la vida de millones de personas. Castañeda Garza señala también la disminución del estatus de salud en la primera década del siglo XXI pese a la implementación del Seguro Popular. Existe también fuerte desigualdad en educación entre zonas urbanas y zonas rurales, así como entre regiones ricas y pobres en el país, situación que se agravó como resultado de la pandemia de Covid 19. Una dimensión especialmente importante de la desigualdad señalada por Castañeda Garza es la relación entre desigualdad y violencia. Los estudios sobre violencia muestran que el incremento de 1% en la desigualdad, medido por el Coeficiente de Gini[6] “se traduce en un incremento de 36% en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes”. Al retomar estudios dedicados a este tema, Castañeda apunta que en un entorno de alta desigualdad “el crimen se vuelve una ocupación que se percibe como un mecanismo de movilidad social ascendente” con graves efectos en la salud y en las expectativas de vida, especialmente para los hombres mayores de 15 años.[7] Por otra parte, la violencia hace que las mujeres corran peligro por el hecho de ser mujeres y amplifica la violencia económica que padecen. Entre otros datos, Castañeda Garza señala que el 60% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal, no cuentan con seguridad social y sus ingresos son precarios.

El cambio demográfico y epidemiológico también contribuye a la situación de desigualdad con una proporción de población de mayor edad y un aumento de las enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas, con un precario sistema de salud que carece de una adecuada procuración de cuidados, tarea que recae generalmente en las mujeres, lo que plantea la necesidad de un fuerte sistema de seguridad social. Para enfrentar los temas de las numerosas vertientes de la desigualdad en México, Castañeda Garza plantea, entre otras medidas, la necesidad de una adecuada reforma fiscal así como el fortalecimiento de un sistema de seguridad social, es decir, plantea la necesidad de adoptar colectivamente una decisión política en favor de una mayor justicia social.[8]

En este escenario se constituyó la “economía política de la desigualdad”. Castañeda señala que el periodo transcurrido en los años entre 1982 y 1994, durante las presidencias de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, se caracterizó por “crisis, la quiebra del modelo económico, la apertura económica y el “capitalismo de cuates”. Fue un periodo de bajo crecimiento y alta desigualdad. Como resultado del cambio del modelo económico el Estado mexicano se achicó, el gasto público se redujo, el desempleo se disparó, la informalidad creció”, problemas que se buscaba resolver con la apertura comercial y con las exportaciones manufactureras.

El mal manejo macroeconómico que “desencadenó la crisis financiera de 1994-1995 llevaría a millones de personas a la pobreza” y los programas de transferencias como Solidaridad, Progresa-Oportunidades y Procampo tuvieron muy escaso efecto y “La privatización y desregulación ocurrida a finales de la década de 1980 aumentó la concentración del ingreso en el 10% más rico de la población y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini pasó de 0.50 a 0.53 en 1994.” No es extraño entonces – nos dice Castañeda-, “que la expansión de grandes fortunas del México contemporáneo tenga precisamente sus orígenes en este periodo”. Es el surgimiento de un capitalismo de cuates o cleptocrático. El autor nos recuerda el escenario catastrófico de este periodo: “los problemas sociales se agravaron, la pobreza creció fuertemente, el campo entró en crisis, el crimen organizado se expandió, el desempleo reinó en las ciudades, el gobierno perdió legitimidad y por un buen rato azotó la hiperinflación…”, sin que lograra consolidarse una alternativa política. En 1988 Cárdenas perdió la elección presidencial por la enorme operación del Estado para favorecer a Salinas. La insurrección Zapatista de 1994 tampoco logró transformar el escenario político. El PRI, debilitado, encontró en el PAN -nos dice Castañeda Garza- un aliado político para continuar su agenda sin interrupciones.[9]

Los años comprendidos entre 1995 y 2012 iniciaron con una gran crisis económica: “La pobreza se disparó y gran parte de la población perdió su patrimonio”. Según Castañeda Garza hacia 1995 hubo, sin embargo, un crecimiento rápido de la economía en parte debido a la expansión de los programas de transferencias que inicialmente beneficiaron al 29% de los hogares para alcanzar al 46% en la primera década del siglo XXI. El crecimiento económico, la apertura comercial y la expansión del sector manufacturero generaron “un periodo de ligera pero constante disminución de la desigualdad de ingresos.” La desigualdad de ingresos disminuyó, medida por el coeficiente de Gini de 0.53 en 1995 a 0.47 en 2010, es decir, una reducción importante en el coeficiente de Gini en un periodo de 15 años.

Castañeda Garza retoma las observaciones del economista Gerardo Esquivel, quien explica que a este resultado contribuyó la disminución de la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados como consecuencia de la demanda de fuerza de trabajo, derivada de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la mayor integración con el sector manufacturero de Estados Unidos, lo que se combinaría con el cambio tecnológico en la industria, en algunos casos en favor de los trabajadores menos calificados. Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, que contaron con condiciones internacionales favorables, omitieron implementar una política económica y social progresiva. Contaron -nos dice este autor- con altos precios del petróleo y “un ambiente de tasas de interés bajas que era propicio para la inversión en infraestructura en el sur del país. Pero no hicieron nada: era políticamente más seguro vivir de la renta petrolera que hacer una reforma fiscal…” e invertir en seguridad social. Es también un periodo de crecimiento exponencial de las actividades del crimen organizado que desplazó la atención del debate público al tema de la guerra contra las drogas. El balance del gobierno de Enrique Peña Nieto, según señala Castañeda Garza, es sumamente negativo en términos de lucha contra la pobreza, pese a haber realizado una reforma fiscal que no tuvo mayor efecto en la progresividad de los impuestos. Su Cruzada contra el Hambre fue un rotundo fracaso y la pobreza extrema aumentó 13% a finales del sexenio.

La valoración de la política social del gobierno de López Obrador comprende elementos contradictorios. Castañeda Garza señala que las transferencias monetarias crecieron sustancialmente y adquirieron un carácter más universal y, si bien han redistribuido parte del gasto público en sectores vulnerables, han enfrentado problemas de diseño como el “censo del bienestar”, lo que conduce a una débil progresividad en la incidencia del gasto social, por lo que favorecen más a sectores medios que a sectores bajos, en perjuicio del 20% más pobre. Este autor subraya que los resultados de la medición de la pobreza publicados por el CONEVAL si bien muestran una apreciable reducción en los años comprendidos entre 2018 y 2022, el consenso entre los economistas atribuye este resultado a la política laboral y salarial del gobierno, avance que dependerá de un mayor crecimiento de la economía para que resulte sostenible. Dado que el gobierno decidió no hacer una reforma fiscal y aumentar la eficiencia recaudatoria, el resultado fueron aumentos pequeños en los ingresos públicos por lo que el gobierno falló en “producir una reforma [fiscal] que atendiera las necesidades de gasto futuras (pensiones, inversión pública, salud) dificultando disminuir más la desigualdad.

En el rubro de la salud, según Castañeda Garza, el Seguro Popular que era un mecanismo financiero para atender a la población sin seguridad social fue un sistema que tuvo una incidencia progresiva que llegó a atender a 51 millones de personas y subraya que en las más recientes mediciones de pobreza “es notable la pérdida de cobertura y el crecimiento de servicios privados… y concluye que la salud en los últimos años ha sido un desastre”, por lo que claramente se requiere mejorar la infraestructura de salud, factor clave en la redistribución de la riqueza, mediador de mejores resultados económicos, vinculado con la productividad del país. Para Castañeda Garza la política social se ha hecho menos redistributiva. El escaso crecimiento de la economía -señala- es un factor limitante para la disminución de la desigualdad en el México contemporáneo y su escaso crecimiento es inútil para disminuir la pobreza o bien es prorrico. El autor insiste en que una de las causas fundamentales de la desigualdad es nuestra debilidad fiscal “presente en casi todos nuestros problemas” y que dicha desigualdad se establece en gran medida en el terreno político. Será necesario que “ciudadanos informados, se convenzan de que nuestros niveles de desigualdad son inaceptables y activen los mecanismos de transformación social que hagan posible construir un país más justo e igualitario”.

De acuerdo con el economista Gerardo Esquivel, la política social del gobierno de López Obrador ha tenido un impacto importante en la población que se traduce en apoyo al gobierno y explica los resultados electorales del 2 de julio del 2024. 100 mil pobres por mes es el dato clave, sostiene en su artículo “Cien mil pobres menos por mes”[10]. De acuerdo con los datos del CONEVAL, las personas en situación de pobreza multidimensional en México disminuyeron de 51.9 millones en 2018 a 46.8 millones en 2022, una reducción de 5.1 millones. Esto, señala Esquivel ocurrió en un lapso de 48 meses. Lo que significa que el número de pobres disminuyó a un ritmo de 106 250 por mes pese al rezago educativo y la carencia de acceso a servicios de salud. Si el criterio fuera medición de pobreza por ingresos, la disminución del número de personas pobres habría disminuido de 61.8 millones en 2018 a 56.1 millones en 2022, es decir una disminución de 5.7 millones de pobres. Esquivel señala que de acuerdo con el cáculo anterior  la pobreza se habría reducido de 118 mil 750 personas por mes en los primeros cuatro años de la actual administración. En contraste, entre 2006 y 2018, durante las últimas administraciones del PAN y del PRI, en lo que se refiere a cifras del Coneval de pobreza por ingresos en 2006 había 46.5 millones de pobres y en 2018 esta cifra aumentó a 61.8 millones, un aumento de 15.3 millones de pobres en 12 años, es decir un aumento en el número de pobres a un ritmo de 106 mil pobres por mes. En esos sexenios -nos dice Esquivel- México se convirtió en una fábrica de pobres. En números redondos hay 100 mil pobres más por mes en las anteriores administraciones frente a 100 mil pobres menos por mes en la administración de López Obrador.

Para Esquivel es necesario plantear una reforma fiscal en aras de una significativa reducción de la pobreza como parte de un proyecto integral de desarrollo económico. Además, Esquivel señala que en el futuro será necesario plantearse una reforma fiscal para “mejorar la eficiencia y progresividad del sistema tributario, priorizar el gasto público para erradicar la pobreza extrema y ampliar la provisión de servicios públicos de calidad, mejorar el diseño institucional para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecer el federalismo fiscal y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones”, que de momento el gobierno de Claudia Sheinbaum no se plantea.[11] En este sentido Esquivel también propone un curso distinto al seguido por el gobierno de López Obrador, quien evitó llevar a cabo una reforma fiscal, por lo que se cuestiona la posibilidad de continuidad de una adecuada política social que disminuya con efectividad la desigualdad priorizando la lucha en contra de la pobreza extrema.

II Otros elementos de juicio

Un punto muy importante del informe presentado por López Obrador fue la reducción de la desigualdad por medición de deciles, escala que promedia trimestralmente el ingreso corriente. Un decil es cualquiera de los diez valores que dividen a un grupo de datos ordenados en diez partes iguales. Es decir, el 100% de los hogares en México corresponden a 10 deciles, y cada decil corresponde al 10% de la población. El decil I es el 10% de los hogares que perciben la menor cantidad de ingresos, mientras que el decil X, corresponde al 10% de los hogares que perciben la mayor cantidad de ingresos en el país. por lo que se puede observar que, en el 2016, los hogares correspondientes al decil I (el de ingresos más bajos) percibían $11,141.00 al trimestre, un promedio aproximado de $3,713 al mes. En contraste, el decil X percibía $231,226.00 al trimestre, un promedio de $77,075 al mes. Para el 2022, el decil I percibió $13,411 al trimestre, un promedio de $4,470 al mes, mientras que el decil X percibió $200,696 al trimestre, un promedio de $66,898.00 pesos al mes. Respecto a las variaciones porcentuales se muestra que los primeros deciles, es decir, los hogares más pobres, han presentado un incremento significativo respecto a años anteriores. En el 2022, el decil I representó el 2.1% del ingreso total, mientras que, el decil X concentró el 31.5% del ingreso total (Ver tabla 1)

Tabla 1

Los datos arrojados por la ENIGH permiten apreciar que en el 2016 el decil X obtuvo un ingreso 21 veces mayor al decil I, en comparación con el 2022, el decil X concentró 15 veces más ingresos que el decil I. Por lo tanto, hay una disminución en la concentración de la riqueza de al menos 6 puntos, lo cual se puede interpretar como una mejor distribución de la riqueza que implica un mayor ingreso de los hogares más pobres.

La distribución del ingreso con transferencia (que incluye los programas sociales y las remesas) por deciles de hogares, se mide con el Coeficiente Gini, el cual arroja que en el 2016 la desigualdad estaba en 0.449, mientras que, en 2022, esta disminuye a un 0.402. Por lo tanto, podemos confirmar que, si bien hay una mejor distribución de los ingresos en la población, ésta aún es insuficiente. (Ver tabla 2)

Tabla 2

Estos resultados fueron obtenidos a pesar de los catastróficos efectos de la pandemia por COVID 19 que provocaron una fuerte caída del 7% del producto interno bruto en 2020, la más pronunciada desde la crisis de 1994-1995 y de la inflación provocada a causa de la invasión de las tropas rusas en Ucrania que desajustó las cadenas productivas y comerciales internacionales.

III Notas y críticas a los resultados de reducción de la pobreza y mayor bienestar.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó un informe con el análisis de los años 2018-2022, el cual permite contemplar las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Según estas cifras, hubo un descenso del porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingreso (valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes) que disminuyó del 49.9% en 2018 a 43.5% en 2022.[12]

En cambio, la población en situación de pobreza extrema aumentó 0.1%[13], no así el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingreso, el cual también presentó un descenso que disminuyó del 14.0% en 2018 a 12.1% en 2022.[14] CONEVAL señala también que “hay menos personas con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimenticia que disminuyó de 17.3 millones de personas a 15.5 millones entre 2018 y 2022. Estas cifras son especialmente relevantes dados los fuertes efectos económicos de la pandemia por Covid 19 que generó una disminución del Producto Interno Bruto del 8.3% en el año 2020. Ahora bien, el Coneval señala también que las personas en pobreza extrema vieron mermados el ejercicio de sus derechos sociales, es decir que ocurrió una caída considerable en el acceso a los servicios de salud de la población, pues en el 2018 solo el 16.2% (20.1 millones de personas) carecía de acceso a la salud, mientras que en el 2022 el porcentaje sube a 39.1%, es decir, ahora 50.4 millones de personas aparentemente no cuentan con el acceso a dichos servicios.[15]

IV La salud en el modelo del IMSS Bienestar

En el 2004 entró en funcionamiento el Seguro Popular (SP), el cual consistía en un esquema de aseguramiento público en salud, de afiliación voluntaria con vigencia de tres años. La afiliación de las familias implicaba un acceso a 284 intervenciones médicas agrupadas en 5 conjuntos: prevención y promoción en salud; medicina general y especialidad; urgencias; cirugía general y obstetricia.

El SP operaba bajo un esquema tripartito de financiamiento en el que había aportaciones del gobierno federal (una aportación anual), de las entidades federativas y contribuciones de afiliados (es decir, había una cuota). La afiliación al SP ascendió de un millón de personas en 2002 a 51 millones de personas en el 2019.[16]

Entre el 2008 y el 2018, Coneval estableció un rango para medir la carencia de acceso a la salud basado únicamente en la afiliación, lo cual benefició la imagen del SP, que se concentraba en afiliar a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, la infraestructura sanitaria no creció en proporción a la afiliación. Entre 2007 y 2014 el aumento fue tan solo de:

1.8 unidades de consulta externa por cada 10 mil habitantes a 2.0 unidades; en cuanto unidades de hospitalización, pasaron de 2.3 por cada 100 mil habitantes a 3.8; el número de camas hospitalarias por cada mil habitantes se mantuvo sin cambio entre 2005 y 2014, en una cama; mientras que la relación de médicos generales, en los mismos años, fue de 7.8 a 9.8 médicos por cada 10 mil habitantes.[17]

Los datos permiten observar que, hasta el 2019, no hubo cambios en la infraestructura física de los servicios de salud, y que había dos médicos por cada mil habitantes. Por ello, la medición de bienestar basada en afiliación puede ser cuestionada, pues no existía un desarrollo de infraestructura para atender a todas las personas que estaban pagando y recibiendo una credencial del SP. Además, todavía se encuentra en investigación el uso y transferencia de recursos federales a entidades federativas.[18]

Por lo anterior, se decide implementar el modelo de Salud para el Bienestar, acompañado de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Este esquema se propone atención a la población abierta, así como modelos dirigidos a población de zonas rurales e indígenas. En el 2022 se creó el IMSS- Bienestar, el cual tiene como propósito brindar atención médica y hospitalaria con medicamentos sin necesidad de afiliación, es decir, no era necesario contar con una credencial como se hacía con el Seguro Popular, aunque la población no fue debidamente informada acerca de las alternativas de atención que dependían de cada estado.

En cuanto a la asignación de gasto en salud, se presentó un incremento de 2.1% real entre 2020 y 2022.[19] En tanto el IMSS- Bienestar presentó un crecimiento de 16.16% entre 2020 y 2022, mientras que, si se compara el periodo de 2018 al 2022, la tasa promedio de crecimiento anual es de 6.8% real.

Como se puede apreciar en la tabla, para el 2023, el IMSS- Bienestar habrá recibido $20,628.2 millones de pesos, mientras que al INSABI se le asignaron $107, 216.5. Un incremento considerable en comparación con el Seguro Popular, el cual recibió $68,148.4 millones en 2018 y $72,198.2 millones en 2019. Por lo tanto, en términos reales, entre 2019 y 2020, la transformación del SP en INSABI[20] representó una ampliación de 41.1% en el gasto. (Ver tabla 3)

Tabla 3

En el cuarto informe (2021-2022) de la Secretaría de Salud, se reportaron como concluidas 89 acciones de infraestructura (obras y equipo, 79 unidades de consulta externa y 10 unidades hospitalarias) de Servicios Estatales de Salud, entre las que se destacan la conclusión de centros de salud de El Filo, Casas Coloradas y Jala, así como el equipamiento del Hospital Civil de Tepic.[21]

El informe de la Secretaría de Salud afirma que, en la construcción de hospitales, centros de salud y clínicas, se ha priorizado a las regiones de alta marginación histórica. Por ejemplo, se sustituyeron centros de salud en Guasave, Sinaloa; Pico del Monte y Puerto Edén en Guerrero, y Santiago Ixcuintla, Acaponeta y Nayar en Nayarit. Se rehabilitaron centros de salud en Nuevo León, se realizó mantenimiento preventivo de inmuebles y equipo del sector salud en Guerrero, mantenimiento de hospitales en Sonora y Baja California (en ambos casos hubo un aumento de camas hospitalarias), fortalecimientos de aire acondicionado y cuarto de máquinas en el Hospital General de Mexicali, Baja California, sustitución de 120 camas de hospitalización en el Hospital General de Culiacán y 95 camas en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

La propuesta del IMSS Bienestar busca sustituir la separación del financiamiento público y la prestación del servicio que se dio en 1982. Este proceso de federalización del sistema implica que los estados firmen la transferencia de unidades médicas y centros de salud al órgano público descentralizado IMSS Bienestar, lo cual sólo ha sido llevado a cabo por 23 entidades (julio del 2024). El caso de las entidades no firmantes, recibirán los recursos correspondientes para que el propio estado brinde el servicio a las personas sin seguridad social.

Esta situación dificulta los avances del sistema y deposita en cada estado no firmante la accesibilidad del servicio a la población, por lo que los resultados del programa no pueden abarcar en su totalidad a quienes requieren de atención médica. Por ello, si una persona de uno de los estados no participantes busca en el directorio la unidad de IMSS Bienestar a la que pudiera tener acceso, no encontrará el servicio.

Por otro lado, es importante señalar que otra alternativa para el acceso a la salud es el impulso al empleo formal para la afiliación directa al IMSS. En este sentido, el 31 de agosto del 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó un crecimiento mensual de 0.5% de afiliación, con una tasa anual de 3.6%, de los cuales el 73.9% son permanentes. En total hay un registro de 21, 996, 875 puestos de trabajo, lo que implica que en el 2023 se han creado 623,979 empleos, esto es un aumento de 215, 980 puestos más que en los últimos diez años.[22]

V El cierre del sexenio

Al cierre del sexenio, el gobierno presentó las siguientes cifras tomadas de la información ofrecida por el INEGI. En lo que se relaciona con empleo formal, en el año 2024 se crearon 2 409 000 nuevos en comparación con el año 2018. Se contabilizaron un total 22,490,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, cuyo salario promedio es de $17,691 mensuales. Se señaló también que la tasa mensual de desempleo fue de 2.7%, una de la más bajas en la historia. Un dato importante es que en el año 2024 la informalidad laboral disminuyó un 2.25%. Además, se informó también, que el peso mexicano fue la segunda moneda en el mundo que más se fortaleció con relación al dólar, en contraste con nuestra historia previa, es interesante observar que sexenio concluyó sin devaluación de la moneda. En este informe se mencionó también que las remesas que contribuyen al ingreso de los más necesitados se incrementaron un 4%.[23]

Un dato importante es que gracias a la modificación al artículo 28 de la Constitución se canceló la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, lo que permitió una recaudación de $530,000 millones (equivalente al costo del Tren Maya). Esta medida dio un giro completo a las políticas anteriores. Así por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón se condonaron $211,610 millones a grandes contribuyentes, mientras que con Peña Nieto se condonaron $312,286 millones. Según López Obrador, estas acciones evitaron incrementar los impuestos,  subir el costo de la gasolina (disminuyó el 5.1%), del diesel (disminuyó el 6.4%) y del gas LP (disminuyó el 21%).

También se informó que hubo aumento en la inversión extranjera y el turismo. Además, México se convirtió en el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos y subió del 14 al 12 en el listado de las 20 mayores economías del mundo. En dicho informe se consideró importante señalar que las utilidades en la bolsa de valores de México crecieron en un 26.47%. Asimismo, las utilidades bancarias también tuvieron un incremento récord que para el 2023 llegó a $272,000 millones. Por otra parte, también se informó que el incremento de la deuda fue de 4.9 puntos porcentuales del PIB, 2.5 menos que en el sexenio de Calderón y 3 puntos menos que el sexenio de Peña Nieto (Ver tabla 4). La deuda de PEMEX disminuyó un 24.9%, aunque el precio del petróleo no aumentó. Las reservas internacionales del Banco de México incrementaron en un 30%. El aumento del salario mínimo en un 110% no impactó significativamente en la inflación y sin embargo, contribuyó en gran medida, junto con los programas sociales, a que, de acuerdo con el Banco Mundial, 9.5 millones de personas salieran de la situación de pobreza.

Tabla 4

Otros datos importantes señalados en estos informes fueron que la inversión social acumulada (2019-2024) en los Programas para el Bienestar fue de 2.73 billones de pesos. Además, la inversión federal en la juventud habría sido de 20 veces más que en los 5 sexenios anteriores, lo cual contribuyó a disminuir de manera significativa el abandono escolar. Es interesante señalar también que la superficie aperturada al riego fue de 125,000 hectáreas.

Consideraciones finales

Como balance general del sexenio es posible reconocer los avances significativos en la distribución del ingreso. Para ello, han contribuido los programas sociales como: Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Desarrollo Urbano y Vivienda y Tandas para el Bienestar. Sin embargo, se reconoce que el mayor efecto en la distribución del ingreso fueron los aumentos salariales ocurrido durante el sexenio.

Estas medidas se llevaron a cabo sin una reforma fiscal, es decir, sin aumentar los impuestos. La política seguida por el gobierno implementó medidas de recaudación que involucraron, como ya se ha dicho, el pago de los grandes contribuyentes, área en la que Hacienda ha considerado que es posible aumentar dicha contribución.

Las mejoras en la distribución de la riqueza se produjeron a pesar del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la pandemia por COVID- 19, que desarticularon las cadenas de producción y distribución. Es posible pensar que, en un escenario menos adverso, la continuidad de esas medidas mejorará los resultados en cuanto a la distribución del ingreso. Las políticas seguidas en cuanto al desarrollo de la infraestructura es también un factor importante para el crecimiento de la economía y como posibilidad de hacer sostenibles los programas sociales y mejoría en la calidad de vida en la población, y no condicionarlo todo al aumento de impuestos.

De acuerdo con las cifras de CONEVAL, el número de personas en situación de pobreza en 2022 fue de 46.8 millones, lo que muestra que la desigualdad en este país continúa siendo de gran dimensión, aún teniendo en cuenta los avances de los últimos años. Esta situación prevalece por la desigualdad imperante entre el campo y la ciudad, y entre regiones, lo cual hace necesario pensar en que las medidas para enfrentar esta situación tienen que adquirir mayor profundidad y continuidad, especialmente a lo que se refiere a salud y educación.

Referencias

Andrés Manuel López Obrador, (2024, 30 de septiembre), Última conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. [Video] YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Q5Z01pPwoEM

Andrés Manuel López Obrador, (2023, 30 de noviembre), Reducción de la pobreza es el logro más importante del Gobierno de la 4T [Video] YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8OtlkTCpBks

Castañeda Garza, Diego, Desiguales. Una historia de la desigualdad en México, Penguin Random House. Grupo Editorial, México, 2024, pp.

CONEVAL, Comunicado N. 7, 10 de agosto del 2023 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/Comunicado_07_Medicion_Pobreza_2022.pdf

CONEVAL, Medición de la pobreza 2022, (agosto del 2023) https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf. Consulta 20 de julio, 2024.

Esquivel, Gerardo, “Cien mil pobres menos por mes”, en Milenio-Política, Ciudad de México, 15 de julio de 2024

Esquivel Gerardo, “En busca de la igualdad con justicia fiscal”, Milenio, Ciudad de México, 01 de julio de 2024.

Instituto Mexicano del Seguro Social, Puestos de Trabajo asociados al Instituto Mexicano del Seguro Social. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202309/445

Multidimensional Poverty Peer Network, (2024), https://www.mppn.org/about-us/mppn-en/

OXFAM México (2024), El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual. https://www.oxfammexico.org/wp-content/uploads/2024/01/El-monopolio-de-la-desigualdad-Davos-2024-Briefing-Paper.pdf

Secretaría de Salud, 4to informe de labores, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756549/4to_INFORME_DE_LABORES_2022.pdf

[1] El Índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global) es una medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otros. El IPM refleja tanto la incidencia de la pobreza multidimensional (la proporción de personas en una población que son pobres multidimensionales), y su intensidad (el número promedio de carencias que cada persona pobre experimenta al mismo tiempo). Se puede utilizar para crear una imagen completa de las personas que viven en la pobreza, y permite hacer comparaciones tanto entre los países, las regiones y el mundo, y dentro de los países por grupo étnico, la ubicación urbana / rural, así como otras características de los hogares y de la comunidad, MPPN. Multidimensional Poverty Peer Network, Consulta el 18 de julio de 2024.

[2]CONEVAL, Medición de la pobreza 2022, (agosto del 2023) https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf. Consulta 20 de julio, 2024.

[3] Andrés Manuel López Obrador, (2023, 30 de noviembre), Reducción de la pobreza es el logro más importante del Gobierno de la 4T [Video] YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8OtlkTCpBks  Consultado el 4 de noviembre de 2024.

[4] Oxfam México, El Monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual, 23 de enero de 2024, p.4.

[5] Ibidem, p. 8

[6] El Coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1. Cero representa que todos tienen los mismos ingresos, y uno es la absoluta desigualdad, es decir, que una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno.

[7] Castañeda Garza, Diego, Desiguales. Una historia de la desigualdad en México, Penguin Random House. Grupo Editorial, México, 2024, p. 149

[8] Ibidem. pp.150-151.

[9] Ibidem. P. 155

[10] Esquivel, Gerardo, “Cien mil pobres menos por mes”, en Milenio-Política, Ciudad de México. 15 de julio del 2024

[11] Esquivel Gerardo, “En busca de la igualdad con justicia fiscal”, Milenio, Ciudad de México. 01 de julio del 2024.

[12] Pasó de 49.9% en 2018 a 43.5% en 2022

[13] Pasó de 7.0% en 2018 a 7.1% en 2022

[14] Pasó de 14.0% en 2018 a 12.1% en 2022

[15]CONEVAL, Comunicado N. 7, 10 de agosto del 2023 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/Comunicado_07_Medicion_Pobreza_2022.pdf   P. 1 Consultado el 4 de noviembre de 2024

[16] Evolución de los Servicios de Salud para la población abierta, del Seguro Popular al IMSS Bienestar, https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2023/notacefp0482023.pdf p.3 Consultado el 4 de noviembre de 2024

[17] Ibidem, p.5 Consultado el 4 de noviembre de 2024

[18] Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular)

[19] Evolución de los Servicios de Salud para la población abierta, del Seguro Popular al IMSS Bienestar, p.9

[20] En mayo del 2023 la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el Sistema de Salud para el Bienestar, en el cual desapareció en INSABI para ser sustituido por el órgano IMSS Bienestar.

[21] Secretaría de Salud, 4to informe de labores, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756549/4to_INFORME_DE_LABORES_2022.pdf p. 82 Consultado el 4 de noviembre de 2024

[22] Instituto Mexicano del Seguro Social, Puestos de Trabajo asociados al Instituto Mexicano del Seguro Social. http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202309/445 Consultado el 4 de noviembre de 2024

[23] Andrés Manuel López Obrador, (2024, 30 de septiembre), Última conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. [Video] YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Q5Z01pPwoEM