1 de abril de 2025
Sobrepoblación y control natal en los años setenta. La planificación familiar en México y su impacto en las mujeres mexicanasSobrepoblación y control natal en los años setenta. La planificación familiar en México y su impacto en las mujeres mexicanas
Por Amanda Valencia Santiago*
El año 1974 fue nombrado por la Organización de las Naciones Unidas como el año mundial de la población, por lo que, en agosto de ese año, se celebró la Tercera Conferencia Mundial sobre Población en Bucarest, Rumania.[1] La cuestión a tratar fue que el crecimiento demográfico estaba experimentando un ritmo sin precedentes, así que los 135 países reunidos en la conferencia buscaban la manera de contrarrestarlo.
Como resultado de este encuentro se creó el Plan de Acción Mundial, un documento que englobó tanto las dinámicas poblacionales que justificaban su necesidad como las medidas que se habrían de tomar para solucionar la situación. En él se plantea como una de sus principales motivaciones el mejorar la calidad de vida y apresurar el desarrollo socioeconómico, tomando en consideración la relación de estas cuestiones con la situación poblacional, pues reconoce que “las variables de población y el desarrollo son interdependientes y que las políticas y objetivos de población son parte integral (elementos constitutivos) de las políticas de desarrollo socioeconómico”.[2]
Asimismo, a partir de este contexto se comenzó a incluir a las mujeres como sector social específico en los discursos que hablaban de desarrollo, por ejemplo, el plan señala que “la condición de la mujer en la sociedad está inseparablemente relacionada con el tamaño y la composición de la familia y su promoción mejora la calidad de vida de la familia y de la sociedad”.[3] Veremos más adelante cómo esto supuso, por un lado, mejoras en las condiciones médicas para las mujeres, pero por otro lado, responsabilizarlas de un problema global.
Es decir, es en esta época que el crecimiento poblacional se reconoció como un problema y como una amenaza para los ideales de desarrollo y progreso que imperaban en Occidente desde décadas previas.[4] Esta nueva noción fue adoptada por el gobierno mexicano y eso se tradujo en un cambio de políticas que impactaron en las prácticas reproductivas y en la salud sexual de los mexicanos y, sobre todo, las mexicanas. Es por esto que mi intención en este texto es explorar los cambios que sufrió la política demográfica mexicana en 1974, así como las implicaciones que tuvo a nivel social, especialmente en las mujeres.
Comencemos con algunos antecedentes que nos ayuden a entender cómo se manejó la puesta en alerta sobre el crecimiento poblacional a nivel internacional, incluso desde los años sesenta. En 1968 se realizó en Teherán la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, donde no sólo se haría hincapié en que eran los países menos desarrollados los que estaban agravando la sobrepoblación, sino que también se refirió que, por más intentos de progreso que estos tenían, “no llegan a proporcionar educación suficiente, empleo productivo, salud satisfactoria ni mejores condiciones de vida a la población cada vez más numerosa”.[5]
Un año después, en 1969, se publicó el libro The Population Bomb, escrito por los científicos estadounidenses Paul R. Ehrilch y Anne H. Ehrilch. Este texto fue una de las publicaciones que más contribuyó a la creación del miedo a la sobrepoblación, pues expuso las supuestas desastrosas consecuencias que habría en las décadas que estaban por venir. La tesis principal era la hipotética imposibilidad futura de alimentar a la población mundial en caso de seguir con una acelerada dinámica de crecimiento. Además, propuso la planificación familiar y la necesidad de la cooperación internacional para solucionar el problema. Si bien después de un tiempo su tesis fue desmentida, gozó de una extensa popularidad en su tiempo.
El recurso del miedo fue ampliamente utilizado, encontramos, por ejemplo, afirmaciones sobre la dificultad de saber si habrá alimentos suficientes para una población que crece con tal rapidez, “[hay que] evitar que aparezca una situación insoportable”, diría Naciones Unidas en su Informe conciso sobre la situación demográfica en el mundo en 1970-1975 y sus repercusiones a largo plazo. Así mismo, habría que prepararnos para enfrentar escasez de recursos naturales, energía y alimentación, hambrunas, epidemias, insostenibilidad, contaminación, incremento de delincuencia, producción de subproductos negativos, etc. Así, poco a poco se fue esparciendo la convicción de que había países que estaban generando un mal global.
Para los años setenta, los países considerados en vías de desarrollo componían más del doble de la población que los países desarrollados.[6] América Latina era la región del mundo con mayor crecimiento demográfico. Del total de la población de esta región, más de la mitad se encontraban en sólo dos países: Brasil y México.[7]
En México, también en 1974, se instauró la nueva Ley General de Población, que significó grandes cambios y nuevas implementaciones en materia demográfica. Se dispuso la creación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y se propició la creación del Plan Nacional de Planificación Familiar. El objetivo principal de la nueva ley fue reducir el crecimiento demográfico “a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular sus objetivos a las necesidades que plantean los fenómenos demográficos”. [8]
Esto supuso un gran cambio y un paradigma social y cultural único, pues en nuestro país, desde los años posrevolucionarios hasta principios de la década de los setenta, el Estado se había enfocado en promover el crecimiento de la población; justamente por esta idea de que el aumento poblacional era sinónimo de crecimiento y desarrollo. Incluso, desde ese momento y hasta el inicio del periodo presidencial de Luis Echeverría (1970-1976), la política conocida como “gobernar es poblar” estuvo en boga entre los altos mandatarios.
Las dos leyes poblacionales en México previas a 1974 se caracterizaron por estimular el crecimiento del índice demográfico, fomentaban la formación de grandes familias a través de la creación de normas que permitieran el matrimonio joven, así como la inmigración. La Primera Ley de Población, promulgada en agosto de 1936, se enfocó en promover el índice de natalidad debido a que en los años de la Revolución mexicana éste había descendido a causa del conflicto armado y el país se encontraba en una situación de alta mortandad. No obstante, la mortandad también logró un descenso importante a partir de 1930, y fue una de las causas principales del crecimiento poblacional.
La Segunda Ley General de Población fue promulgada el 27 de diciembre de 1947,[9] y su objetivo continuaba siendo el crecimiento demográfico. Sus medidas giraron en torno a dos ejes: el crecimiento natural y la inmigración. Esta ley propuso a la Secretaría de Gobernación como responsable de su puesta en marcha. La situación migratoria cobró una fuerte importancia, que se vio materializada en la publicación de un Manual del extranjero, que se enfocaba en fomentar la inmigración de manera que ayudara al desarrollo económico del país.
Sin embargo, como ya se señaló, fue hasta los años setenta cuando el gobierno mexicano optó por revertir la tendencia que se había promovido hasta el momento. Justamente, el periodo presidencial de Luis Echeverría ilustra cómo es que nuestro país se adaptó oficialmente al discurso y al problema de la sobrepoblación. Así como comenzó su gobierno, en 1970, con una tendencia poblacionista, terminó optando por reconocer que el crecimiento demográfico podría influir drásticamente en el país. En una ocasión, incluso, incitó a las mujeres a “interpretar la conducta individual hacia la conciencia de su responsabilidad colectiva”,[10] y en general a “que no se conciban niños si no hay posibilidades económicas que ofrecerle para que se desarrolle normalmente desde el punto de vista físico, moral y espiritual.”[11]
Un cambio importante fue el que se llevó a cabo, desde febrero de 1973, en el asunto de los métodos anticonceptivos de tipo farmacéutico, pues la ley que impedía su publicidad y venta sin receta médica fue derogada en el nuevo Código Sanitario de principios de año.[12]
La razón que el Estado dio para implementar su política demográfica en ese momento fue precisamente el hecho de que el nivel de desarrollo no estaba a la par del nivel del crecimiento del número de habitantes.[13] Tanto en el ámbito político, como en el médico y en el académico, se gestaron argumentos que apuntaban hacia esa misma idea.
El aumento de la población en esta época planteaba un problema a tal grado que se le consideró la causa “de la pobreza en aumento, de los desequilibrios en las finanzas estatales y de la dificultad de ahorro interno de las economías locales”,[14] lo que permitía a los gobiernos justificar la falta de recursos y servicios públicos, culpando a la alta demanda, en vez de preocuparse por la cantidad y la calidad de la oferta; es decir, la vinculación entre la población y el desarrollo socioeconómico se veía interferida por esta nueva coyuntura. Por ejemplo, según Carrillo Flores, el desempleo era uno de los problemas más importantes derivado de la explosión demográfica.[15]
El Plan Nacional de Planificación Familiar se pone en marcha el 28 de octubre de 1977. Entre sus propósitos se pretendía que México alcanzara un índice de crecimiento de 2.5% para el año de 1982.[16] Estos años son los que constituyen el primer periodo de aplicación de la política demográfica. En 1982, el año de la meta, se llevó a cabo la Encuesta Nacional Demográfica destinada a revelar los resultados obtenidos. Según ésta, los objetivos fueron cumplidos, y la tasa de crecimiento descendió a 2.4%; el siguiente objetivo sería lograr reducir la tasa de crecimiento al 1% para el año 2000.[17]
Las instituciones encargadas de que el plan se pusiera en marcha fueron principalmente los servicios de salud públicos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), mismos que implementaron los primeros programas de planificación familiar. Sin embargo, también estaba el trabajo de las instituciones privadas, y la Ley General de Población estipuló que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, supervisaría de igual modo los dos ámbitos de salud, el público y el privado, además de que los resultados se calcularían en conjunto, es decir, si bien el sector público pudo llegar a un 74% en la meta de cantidad de mujeres que comenzaron a usar anticonceptivos, a nivel nacional el porcentaje era más alto en conjunto con el sector privado.[18] De las tres instancias públicas implicadas, la más importante debido a su alcance y responsabilidades fue el IMSS, que debía trabajar con más de la mitad de las mujeres usuarias; de hecho es la que más número de anticonceptivos suministró durante este periodo.
El programa fue considerado un éxito a nivel nacional e internacional,[19] las instituciones médicas fueron elogiadas por el gran papel que desempeñaron, el uso de anticonceptivos creció exponencialmente a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, los estudios oficiales poco reflejan del papel de las propias mujeres usuarias de los servicios del programa, así como los diversos aspectos que pudieron influir en ellas para decidir adoptar o no adoptar la planificación familiar. Aquí me interesa rescatar cómo es que eso impactó en la percepción de las “mujeres madre” como responsables de la sobrepoblación.
Como mencioné anteriormente, en esta época comenzó a discutirse sobre la integración de las mujeres al proceso de desarrollo de cada país, lo cual indignó a quienes se percataron de que ello suponía que “sólo cuando el crecimiento de la población de los países del Tercer Mundo se ha transformado en una seria amenaza para los desarrollados”[20], es cuando las mujeres serán tomadas en cuenta. Si analizamos la tendencia de percibir la anticoncepción y el control de la reproducción como un asunto netamente femenino, no sólo vemos una mayor presión en las mujeres, sino una absolución de los hombres por ejercer una sexualidad y una paternidad responsables.
Debido a esto, la mujer que hiciera uso de medicamentos para controlar su fecundidad era vista como paladín del progreso, o al menos eso era lo que de manera oficial se estipulaba. Sin embargo, la categoría de control natal fue concebida y complejizada de manera completamente distinta entre muchas mujeres. La economista Ruby Betancourt señaló en un artículo de la revista fem, que no era casualidad que 1974 fuera elegido como el Año Mundial de la Población y que en el Plan de Acción Mundial que realizó Naciones Unidas se mencionara a las mujeres como parte del desarrollo socioeconómico, y que el año siguiente, 1975, fuera a su vez declarado el Año Internacional de la Mujer y en el Plan de Acción Mundial sobre la Mujer encontremos el apartado de Población.[21]
Me parece innegable que el desarrollo de los anticonceptivos médicos como su venta sin necesidad de receta fueron acontecimientos importantes, pues facilitaron el acceso de miles de mujeres al control de su fecundidad. Sin embargo, podemos observar que el propio programa, al mismo tiempo, supuso un nuevo mecanismo de control sobre el cuerpo de las mujeres. Al ser una política pública de interés global, los medios por los cuales se llevó a cabo no fueron siempre éticos, y se dio pie a que los servicios médicos buscaran tener usuarias a como diera lugar.
Por ejemplo, se tiene evidencia de que el dispositivo intrauterino (DIU) era colocado sin el consentimiento de las usuarias, o que la ligadura de trompas era practicada sin que las autoridades médicas dieran la información suficiente. “Tras el parto o el aborto, el médico, sin consultar con la paciente, colocaba el DIU y aquella mujer ya no tendría problemas con su fecundidad.”[22]
La esterilización, como se le conoce popularmente a la ligadura de trompas, fue una medida preferida por ciertos médicos por ser un método que no requería seguimiento, así que funcionaba mejor para aquellas mujeres que vivían en comunidades de difícil acceso. No obstante, llama la atención la popularidad que adquirió, siendo un procedimiento irreversible. Entre 1976 y 1984 en poco menos de un millón de mujeres se practicó la esterilización en hospitales tanto públicos como privados, pasó de ser usada por el 8.9 % de las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos en 1970, al 28.1% en 1982.[23] Lo cual contrasta con el hecho de que en la Encuesta Rural de Planificación Familiar de 1982, hubo mujeres que declararon haber recurrido a la esterilización como método de espaciamiento de sus hijos, es decir, sin el conocimiento de que era una operación de resultados permanentes.[24]
Estos y muchos otros casos se han invisibilizado desde la óptica institucional, desde la cual el Plan Nacional de Planificación Familiar fue todo un éxito y logró incluir a las mujeres en el camino hacia el desarrollo. Sin embargo, no tomó en cuenta lo que las propias mujeres tenían que decir al respecto.
El análisis no acaba aquí, pues las implicaciones y diversas aristas de este periodo deben aún tomar en cuenta los efectos habidos en, por ejemplo, el ideal materno y la lucha feminista por la despenalización del aborto. Pues, por un lado, el programa defendía la supuesta libertad adquirida por las mujeres gracias a los anticonceptivos pero, por otro, el aborto fue un derecho que no se logró en ese entonces.
Asimismo, el debate sobre los efectos nocivos, la evidente orientación clasista y racista de la planificación familiar forzada y la inexistencia de anticoncepción masculina, dejan aún muchas interrogantes sobre cuáles han sido —y siguen siendo— las consecuencias sociales de las tecnologías médicas y las agendas políticas dominantes.
Aun así, quisiera concluir reconociendo la apropiación que quisieron y supieron hacer las mujeres mexicanas en los años setenta, al poner en el debate público reflexiones políticas sobre la libertad de decisión de las mujeres en todos los ámbitos, hablar de maternidad deseada, impulsar la propuesta de despenalización del aborto, dar importancia a la sexualidad femenina, e incluso llevar el ámbito de la salud de las mujeres a un campo más integral, más allá de la salud reproductiva.[25]
Bibliografía
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[1] La primera de índole política, pues las dos anteriores tuvieron un carácter únicamente científico.
[2] “Conferencia Mundial de Población, 19 a 30 de agosto de 1974, Bucarest, Rumania”, Naciones Unidas, <https://www.un.org/es/conferences/population/bucharest1974>.
[3] “Informe de la Conferencia Mundial de Población, Bucarest, 19 al 30 de agosto de 1974”, Naciones Unidas, Consejo Económico Social. ST/CEPAL/Conf. 54/L. 7, 25 de enero de 1975, p. 135.
[4] Podemos rastrear el intento explícito de los Estados Unidos por justificar su intervencionismo global desde la creación de la doctrina Truman, en 1947, y su supuesta buena voluntad de “crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores culturales modernos”. Arturo Escobar. La invención del desarrollo, Popayán: Universidad del Cauca, 2014, p.49.
[5] Mario Rivera. Los despobladores: notas para la crítica a los programas de planificación familiar, México: SPAUNAM, 1977, p. 49.
[6] Carmen A. Miró. “América Latina: la población y las políticas de población entre Bucarest y El Cairo”, Papeles de Población, núm. 20, abril-junio de 1999, Universidad Autónoma de Estado de México, p. 9.
[7] Idem.
[8] Diario Oficial de la Federación, 7 de enero de 1974. p. 2.
[9] Diario Oficial, 27 de diciembre de 1947.
[10] “Planificación Familiar en México”, tesis oficial del Gobierno de México, Carlos Campillo Sainz, 6 de agosto de 1971, p. 8, Fondo Secretaría de Salubridad y Asistencia, Sección Subsecretaría de Asistencia, caja 107, expediente 1.
[11] “El INPI inició ya la Planeación Familiar”, Diario de México, 10 de mayo de 1972.
[12] María Eugenia Zavala de Cosío, Cambios de fecundidad en México y políticas de población, México: El Colegio de México/ Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 180.
[13] En este caso se utilizaba el argumento del alto nivel de desempleo para ilustrar esa afirmación.
[14] Teresita de Barbieri, “Las mujeres, menos madres. Control de la natalidad: ¿Control de la mujer?”, Nueva Sociedad, núm. 75, enero-febrero de 1985, pp. 105-113.
[15] Antonio Carrillo Flores, Diálogos sobre población, México: Colmex, 1974.
[16] Manuel Ordorica Mellado,“Momentos estelares en la dinámica demográfica del México de ayer, hoy y mañana.” en CONAPO, La situación demográfica de México, 2014, México: CONAPO, 2014, pp. 13-23.
[17] María Eugenia Zavala de Cosío. “Políticas de población en México”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 52, núm. 1, enero-marzo de 1990, p. 22.
[18] María Eugenia Zavala de Cosío, Cambios de fecundidad en México y políticas de población, México: El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 222.
[19] Al punto de que la sede de la siguiente Conferencia Internacional de Población fue la Ciudad de México.
[20] Ruby Betancourt, “La mujer y el crecimiento demográfico”, fem, vol. 1, núm. 2, enero-marzo de 1977, p. 33.
[21] Idem.
[22] Esperanza Brito de Martí, “Control de la fecundidad”, fem, año 11, núm. 61, enero de 1988, p. 17.
[23] Sara Lovera,“Esterilización para las pobres”, fem, vol. 9, núm. 34, junio-julio de 1984, p. 49.
[24] Idem.
[25] El derecho al aborto se planteó en los setenta dentro del proyecto llamado Maternidad Voluntaria, presentado por la Coalición de Mujeres Feministas pero, aunque el aborto era la bandera principal de las demandas del movimiento, no fue la única, había tres elementos fundamentales más a tomar en cuenta: la educación sexual, la anticoncepción segura y accesible y el rechazo a la esterilización forzada. Marta Lamas, La interrupción legal del embarazo. El caso de la Ciudad de México, México: FCE/ UNAM/ CIEG, 2017, p. 13.
* Amanda Valencia Santiago. Licenciada en Historia por la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Historia en la misma institución. Sus líneas de interés son: la Historia Política, Historia de las Mujeres e Historia de la Medicina.